Es ante el retraso en el acceso a
dicha medicación que se está dando en la provincia de Buenos Aires. Culpan al
Gobierno provincial de haber permitido un “desabastecimiento crónico” en la
provisión.
El diputado Ricardo Vago presentó
en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de
declaración exigiendo la normalización en la provisión gratuita de insulina a
los beneficiarios de la Ley Provincial N° 11.620.
El retraso en el acceso a esta
medicación que sufren los insulino-dependientes en la actualidad, es cercano a
los cuatro meses, siendo esta medicación esencial para la vida. Extra
oficialmente se informa que la causa de esta demora está dada por la falta de
pago del gobierno provincial a los laboratorios proveedores.
El diputado socialista planteo
que “la política de salud pública del gobernador Daniel Scioli ha permitido un
desabastecimiento crónico en la provisión de medicamentos suministrados por los
programas que dependen del Ministerio de Salud provincial”.
“Lamentablemente esta situación
no es nueva”, sostiene Vago, quien considera que ha sido constante a lo largo
de los 8 años de gobierno de Scioli, a tal punto que “incluso la gente la ha
naturalizado”. En ese sentido señaló que “quienes reciben sus medicamentos de
la provincia deben soportar con resignación que continuamente el suministro de
medicación se suspenda hasta nuevo aviso, debiendo soportar el consiguiente
perjuicio para su salud a consecuencia de este accionar negligente”.
El diputado socialista, quien
personalmente ha recibido numerosos reclamos y oportunamente realizó
presentaciones legislativas y gestiones ante el Ministerio de Salud por los
faltantes y suspensión en la entrega de la insulina, fue contundente en su
juicio sobre la gestión en salud del gobierno provincial: “El vaciamiento de
los hospitales públicos y la suspensión en la entrega de medicamentos
oncológicos o de insulina es el lado B del relato, el que Daniel Scioli pretende
ignorar y esconder.
La angustia y el sufrimiento de decenas miles de
bonaerenses que no reciben los medicamentos que necesitan urgentemente para
atender su salud, pese a que la Constitución y la ley las garantizan”.
(Parlamentario)