SE APROBARÓ EN DIPUTADOS LA EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA HÁBITAT, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presidida por Jorge Sarghini, aprobó y giró al Senado para su sanción definitiva el proyecto de ley que declara por un año la emergencia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos del territorio bonaerense.

La norma, según el despacho consensuado en el recinto con la Cámara puesta en comisión, buscará paliar el déficit existente y permitir la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general de los bonaerenses.

Entre los cambios introducidos al proyecto original enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal, se crea una Comisión Bicameral de seguimiento, fiscalización y control de la norma en rigor, compuesta por tres diputados y senadores, designados por los presidentes de Diputados y del Senado.

Ese organismo parlamentario deberá ser informado en forma bimestral por el Ejecutivo, y podrá pedir la información que estime necesaria y practicar observaciones, propuestas y recomendaciones sobre los procedimientos, contrataciones, obras y demás acciones que se encaren, con el fin esencial de evitar la “cartelización” empresarial en materia de obra pública.
La ley apoyada por mayoría del Cuerpo, entre otros puntos, autoriza a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación.

Se incluyen, asimismo, los convenios de colaboración con organismos provinciales o nacionales, municipios, consorcios de gestión y cooperativas.

A ese fin, se podrán usar normas de excepción previstas en decretos, leyes, de contabilidad, obras públicas, expropiaciones, compras y contrataciones, pudiendo eximirse además del decreto ley relacionado con el Consejo de Obras Públicas.

Esos ministerios y demás organismos quedan exceptuados de publicar en el Boletín Oficial, pero difundirán en el sitio Web que determine la reglamentación de la ley, u otros órganos de publicidad.

Previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en el proceso de contratación, el ministerio, secretaría o entidad autárquica, deberá dar cuenta de su actuación a los organismos de asesoramiento y control.

La Contaduría General, Asesoría General y Fiscalía, expedirán sus dictámenes en un plazo máximo de 7 días. Podrá requerirse su intervención simultánea remitiendo copia certificada del expediente a cada uno de esos entes provinciales.

Si esos organismos no remiten sus informes en el plazo fijado se entenderá que no existen objeciones, quedando el funcionario autorizado para continuar el trámite.

Se determina, asimismo, que todo procedimiento de contratación queda exceptuado también de la intervención obligatoria del Consejo de Obra Pública, salvo en lo que se refiere a su dictamen técnico de los proyectos de obra.

Ministerios y demás entes podrán rescindir, renegociar, aumentar o bajar, hasta un 35 por ciento de las prestaciones y montos ofertados en los contratos por el contratista particular.
Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer por un año la intervención de todos los entes, empresas y sociedades de propiedad exclusiva del Estado, medidas que deberán comunicarse a la Comisión Bicameral creada por la norma aprobada por Diputados.

Hablaron César Torres y Jorge Silvestre por Cambiemos; Juan José Mussi, Ricardo Móccero y Andrés Quinteros por el Frente Para la Victoria; Guillermo Kane por el Frente de Izquierda; Mario Giacobbe, dePropuesta Bonaerense; Marcelo Díaz, del FAP; y Juan Amondarain por el Frente Renovador.
nado el proyecto de ley que convalida el tratado firmado en febrero último entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe, con el gobierno nacional vinculado con el manejo coordinado y racional de los recursos hídricos del noroeste de la llanura pampeana, como los del Río Quinto.

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