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La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina,
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PROHÍBEN QUE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS SEAN NOMBRADOS EN PLANTA DEL ESTADO

"Hay que terminar con el vicio de que los políticos se van y los familiares se quedan en el Estado", dijo diputado Bonelli.

El diputado del bloque Frente Renovador, Lisandro Bonelli, presentó esta tarde el proyecto de ‘Ética y Transparencia para el ejercicio de la función pública’ que prohíbe que familiares de funcionarios sean nombrados para cargos en la misma jurisdicción de desempeño. La presentación la hizo en la Cámara de Diputados junto a sus pares de bloque Fabio Britos y Valeria Arata.

La presente norma es un Código que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado de la Provincia de Buenos Aires o sus Municipios.

“Estamos planteando que aquellas personas que están en la función pública no van a poder nombrar a familiares en planta permanente o transitoria, porque después termina el mandato o el trabajo de ese funcionario, y deja a toda su familia dentro del sistema y con esta norma buscamos evitar estas cosas”, explicó.

En ese sentido, Bonelli añadió: “Aquellos familiares que entran a la administración pública, en cualquiera de los estados del poder público, a través de un concurso o de mecanismos legales, lo van a poder hacer en forma normal. Pero también se pueden nombrar cargos políticos, que se irán con el funcionario cuando termine el mandato”.

La iniciativa dispone además que ninguna persona “podrá desempeñarse en más de un empleo, cargo o función pública remunerada, cualquiera sea su categoría o característica, dentro del ámbito de cualquier administración estatal provincial o municipal”, a excepción del cargo docente.

En caso de aprobarse esta Ley, funcionarios de diferentes rangos deberán presentar sus declaraciones juradas -medida ya dispuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal- alcanzando además a todos los estamentos del Estado provincial, incluyendo legisladores y trabajadores de la justicia.

Asimismo, el diputado del Frente Renovador, destacó que "la transparencia, el control y la eficiencia en la gestión pública es una demanda permanente de la sociedad democrática, en parte dirigida al conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias para que continúen en la búsqueda de los mecanismos legislativos que conduzcan al logro de aquellos fines”.

“La lucha contra la corrupción nos compete a todos. Una ley no resolverá la problemática, pero es un primer paso que brindará reglas de juego claras y herramientas para prevenir y sancionar a aquellas personas que con su actuar desprestigian al Estado o pervierten su finalidad de beneficio social general para aventajar intereses mezquinos y particulares”, aseveró el diputado de San Nicolás.


Además, la norma crea un Tribunal Social de Responsabilidad Política, un órgano independiente de los poderes estatales que actuará con autonomía funcional y estará especializado en ética pública y transparencia en el ejercicio de la función pública.