Pronóstico de Tutiempo.net

POR LA REFORMULACION DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, POR LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA NACIONAL Y POR LA DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION DEL COMERCIO MINORISTA

El regreso de la concepción neoliberal con ribetes monetaristas en el manejo de la economía nacional, en un contexto en el que las nuevas autoridades se muestran incapaces de frenar la escalada inflacionaria, agrava las marcadas distorsiones que se vienen verificando en el proceso de formación de precios del comercio minorista, cautivo del fenómeno de centralización y concentración que sufre en los últimos años. 

Esa realidad, que ahoga aún más los depreciados bolsillos de los sectores populares y medios -ya sobradamente afectados por la maniobra de destrucción de empleos y de pérdida de valor real de los salarios desatada en los últimos meses- exige, para la Confederación General de la Industria de la República Argentina, una reformulación radical de la ley de Defensa del Consumidor. También, el replanteo de los instrumentos que deben garantizar la transparencia del sistema de formación de precios, la libre competencia y la igualdad de posibilidades para el acceso a los puestos de venta para pequeños y medianos productores y comerciantes respecto de los "carteles" de los grandes grupos económicos con posición dominante legalizada en el mercado minorista.

Tras la irrupción hegemonizante de los grandes supermercados de las últimas décadas, esas 5 o 6 empresas vienen avanzando todavía más sobre el espacio de actividad de los pequeños y medianos comerciantes, desde hace un tiempo, a través de la proliferación de los denominados "supermercados de proximidad".

La tendencia a la concentración y la centralización se agrava a partir del tipo de relación que establecen esos grandes grupos con empresas proveedoras, un sector también altamente oligopolizado. Un 80% de la producción de aceites, por ejemplo, está en manos de dos empresas, cosa que también sucede con los lácteos.  Una sola empresa concentra el 70% del mercado de enlatados, como tomates y arvejas. En el sector del azúcar el 75% que se consume en el país es de una sola empresa. En el sector de pastas secas una sola empresa monopoliza el 64% de las ventas y situaciones similares se dan en el sector de yerbas, bizcochuelos, aderezos, etc.

Esas empresas concentradas, en el proceso de comercialización profundizan su posición dominante a través del recurso de prácticas anticompetitivas, como la compra de espacios en góndolas, la obtención de ventajas comerciales para conseguir exclusividad en el supermercado, y otras. Consiguen así que, para una categoría de productos, exista muchas veces un solo proveedor. Lo más común es que esta situación no es conocida por el consumidor, sometido entonces al arbitrio del grupo económico para la formación de precios por la falsa competencia entre productos de una misma categoría producidos todos ellos por la misma empresa.

Está claro que esas mismas prácticas expulsan de las góndolas y de los puestos de venta de los grandes comercios a los productos de las pequeñas y medianas empresas nacionales, ya amenazadas en su capacidad de subsistencia y en su amplia y reconocida capacidad de generar puestos de trabajo por la devaluación, el crecimiento exponencial de los precios de bienes de capital e insumos importados y los tarifazos.

Frente a esta realidad, la CGI considera imprescindible, por un lado, un control real por parte de los organismos públicos correspondientes para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. También, una reformulación completa de los instrumentos que deben transparentar y democratizar el comercio. Con ese objetivo, planteamos la necesidad de implementar una limitación de metros cuadrados por CUIT, de manera tal que una vez alcanzado un determinado porcentaje del total ninguna empresa pueda sumar más puntos de venta.  Así también se debe limitar el porcentaje de exhibición que puede tener una determinada empresa proveedora (o grupo de empresas) para una categoría de productos (fideos, harinas, mermeladas, etc.) en un supermercado y se debe normar que en el cartel de precio de los productos figure la empresa o el grupo de empresas a la cual pertenece (como el caso del grupo Arcor, por ejemplo, que es dueño de Arcor, Bagley y La Campagnola). 

El porcentaje de exhibición debe tener en cuenta el tamaño del supermercado en cuestión ya que los supermercados más chicos tienen que exhibir a menos proveedores por categoría en sus góndolas si quieren trabajar muchas categorías de productos.

Con estas medidas, al permitir que más empresas participen del comercio a través de los supermercados, estas tendrán más incentivos para competir entre ellas y, por lo tanto, hacerse más eficientes, y con estructuras de precios más atractivos para lograr ser elegidas por el consumidor final. Además, al dividirse la decisión de compra de insumos (cartón, envases, botellas, tapas, latas, etc.) en varias empresas proveedoras, también se mejora la competencia en los mercados de estos insumos, muy probablemente creando nuevos proveedores de insumos o fortaleciendo a los que hoy apenas sobreviven, los que además deberían mantener y aumentar los puestos de trabajo que generan sus actividades.

La regulación y democratización de los espacios de exhibición y venta en los grandes supermercados permitirá también la presencia en ellos de las empresas regionales de producción, muy habitualmente despreciadas como proveedores por las sucursales de los esos supermercados en sus zonas de actuación en beneficio de los carteles de los grandes grupos.

No nos cabe ninguna duda de que la instrumentación de políticas como las que proponemos generará posibilidades de reducción de la dinámica de la inflación mucho más concretas que las políticas de enfriamiento de la economía hoy, nuevamente, tan en boga como en los desgraciados tiempos de la dictadura.  


                                                                                                       Mario Derch
                                                                                                          Presidente



- Confederación General de la Industria de la República Argentina -