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Los diputados bonaerenses, con reglas estrictas para los contratos

Jorge Sarghini / Presidente de la HCD
Por primera vez, deberán ajustarse a un reglamento para nombrar personal en planta permanente; también habrá un procedimiento para la contratación de obras y servicios

Con sus doce artículos y unas 20 páginas de planillas anexas, la resolución 2166 de la Cámara de Diputados bonaerense podría pasar como cualquier otro gris documento administrativo. Pero es más que eso, por el vacío legal previo que deja en evidencia: por primera desde el regreso de la democracia, o quizás en toda su historia, los diputados de la provincia de Buenos Aires tienen un reglamento escrito y deben cumplir con requisitos precisos para poder nombrar a su personal.

Hasta ahora, en la Cámara baja provincial regían "normas consuetudinarias" o, como otros prefieren definirlas, una colección inasible de "pactos de caballeros" a la hora de contratar empleados. Reglas que, por estar diseminadas en mil partes o en ningún lugar, podían respetarse o doblarse cada vez que fuera necesario sumar un asesor de un diputado o agregar un colaborador en alguna oficina.

Dos ejemplos. Hasta la resolución 2166, que empezó a regir el 1° del actual, estaba permitido pagarle el sueldo a un empleado antes de que éste tuviera siquiera un legajo concluido. O se avalaba que "apoderados" cumplieran los trámites de ingreso en nombre de contratados que no necesitaban así pasar por la Legislatura para empezar a contribuir al proceso de dictar leyes. Si es que alguna vez lo hacían.

No es un dato menor. la Legislatura bonaerense cuenta con 5302 empleados, entre planta permanente, transitoria y contratos políticos. Eso implica que por cada legislador bonaerense haya casi 38 empleados provinciales. Un número que no se verifica en sus pasillos, despachos y edificios anexos. En total, entre Diputados y el Senado se destinan casi 3000 millones de pesos anuales para pagar sueldos.

La Cámara baja tiene 2976 empleados, por lo que existen casi 32 trabajadores por cada uno de los 92 diputados, que en promedio manejan unos 14 contratos políticos. Con 2326 empleados en total, en la Cámara alta esa relación es mucho mayor: hay casi 50 empleados por cada uno de los 46 senadores, que, en promedio, manejan 24 contratos políticos cada uno.

La resolución
El nuevo reglamento,  rige sólo para Diputados y fue firmado por el presidente de la Cámara, Jorge Sarghini (Frente Renovador); su vice, Manuel Mosca (Cambiemos), y el secretario administrativo, Gerardo Otero (ex ministro de Economía de Felipe Solá).

En concreto, la resolución crea un procedimiento para contratar personal en planta permanente, otro para hacer contratos de locación de obras y otro para locación de servicios. Pero también establece cómo se deben hacer esos contratos y hasta cómo deben hacerse los formularios para que los empleados asienten sus datos personales. Es el tipo de contratos "modelo", planillas y formularios que se deben "inventar" cuando se crea un nuevo organismo público. Pero la Cámara de Diputados existe, como tal, desde 1888. La Junta de Representantes, desde 1820.

Desde Diputados indicaron que hasta ahora no existía un reglamento unificado y escrito para contratar personal "al menos" desde el regreso de la democracia. Si efectivamente lo hubo antes de 1983, no pudieron hallarlo.

Pese a que encomendó el reglamento, Sarghini no quiso dar su versión. Cerca del economista, que ocupa el cargo por un acuerdo entre la gobernadora María Eugenia Vidal y Sergio Massa, dieron a entender que no quiere aparecer difundiendo algo que pueda ser interpretado como una crítica al modo en que funcionó la Cámara durante décadas. Léase: al modo poco transparente en que lo hizo. "Sarghini no es un antisistema", resumieron.

Cuestionar el modo en que la Legislatura maneja su presupuesto y sus gastos es un tabú que trasciende los partidos.

Según se supo, Sarghini y Otero trabajan en otros dos reglamentos, que hoy tampoco existen, tanto para poder otorgar como para controlar los subsidios y becas que cada diputado maneja por año. Son casi un millón de pesos anuales. Otro tabú.

(La Nación) Foto: Prensa HCD