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1976: EL GOLPE DE TODOS LOS GOLPES

Por Mario Derch-10-12-2016.-* La cita es larga pero su capacidad descriptiva e interpretativa lo vale. Es del libro “El Golpe”, del periodista Alberto Dearriba  (Editorial Sudamericana, 2001):

“El golpe del 76 no fue pensando entonces como uno más, sino como el golpe de todos los golpes: el golpe definitivo. Esta vez no deberían quedar ni los escombros de la sociedad populista que subsistía pese a los azotes asestados. No se trataba ya de deponer el gobierno democrático para convocar a elecciones y rehabilitar el funcionamiento de las instituciones republicanas tiempo después. Esta vez no habría cárceles repletas que algún día –inevitablemente- volverían a ser abiertas por el futuro gobierno democrático. Tampoco habría muertos molestos que exigieran justicia desde sus tumbas. Los militares deberían dejar, más allá de su gobierno, una herencia ejemplarizadora. Establecieron entonces un plan sistemático de desaparición de personas. Videla lo explicó un tiempo después: ‘No están…No existen. Son una entelequia’. Serían 30 mil.

‘El supuesto objetivo del golpe de terminar con la subversión se desvanece con solo observar hacia quiénes apuntaron el horror. Miles de integrantes de la guerrilla cayeron ante el avance de la represión y la mayoría de las muertes no se produjeron precisamente en combate. Pero no es casual que la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) haya establecido en 1984 que el 30 por ciento de los desaparecidos eran obreros y el 18 por ciento empleados. Allí estaba el oponente principal.

‘Las desapariciones dejaron una herida abierta que sigue sangrando en los comienzos del siglo XXI. Pero además de sembrar la muerte en una generación, signaron el futuro con el deterioro económico y una pesada herencia. El país dejó de crecer. El producto por habitante se mantuvo en niveles similares a los del 75. La industria nacional, bombardeada sistemáticamente por la abrupta apertura comercial, perdió incidencia sobre el producto bruto y se redujo el número de plantas fabriles. Era más conveniente cerrar la fábrica y convertirla en un depósito de chucherías importadas que producir a costos superiores. O venderla a empresas más poderosas para apostar a la especulación financiera. No solo no podían competir las industrias ineficientes, sino las que habían logrado un cierto grado de modernización. La producción industrial se estancó y se produjo un fenomenal proceso de concentración. Los empresarios que apoyaron el golpe se convirtieron así en los patos de la boda. Les habían dicho que se terminarían los conflictos gremiales y la guerrilla, pero no que desaparecerían también sus empresas.

‘A los trabajadores no les fue mejor que a los empresarios nacionales. La reducción de la participación de los asalariados en el ingreso nacional fue drástica. Según datos del INDEC, los salarios cayeron entre 1975 y 1983 en más del 30 por ciento. La desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas redujo las posibilidades de hallar un trabajo y aumentó el desempleo. Después del exilio político, miles de argentinos buscaron otros horizontes por causas económicas.

‘Pero si algo signaría la vida de las futuras generaciones sería la deuda externa que saltó de 8 mil millones de dólares en 1975 a 45 mil millones de dólares en 1983 como producto de la especulación financiera. Un flujo masivo de fondos provenientes del exterior fue atraído por jugosas tasas de interés que permitieron a grupos locales y extranjeros controlar el proceso económico. Las decisiones empresarias abandonaron toda lógica productiva para fundarse en la lógica financiera”.

Está claro que el eje más siniestro de la política del régimen instaurado por el golpe del 24 de marzo de 1976 es el del terrorismo de Estado, con su contenido de miles de detenidos-desaparecidos, asesinados, centros clandestinos de detención, torturas, violaciones, apropiación de hijos, ruptura del orden constitucional, prohibición del funcionamiento de los partidos y las organizaciones sindicales y sociales. Sólo los responsables y su entorno niegan hoy la tremenda realidad de ese proceso que aún hoy, 35 años después de su inicio, permanece en el centro de la realidad argentina, por suerte capaz, como en ningún otro lugar del mundo, de homenajear la memoria y la justicia y desechar la impunidad.

Pero tal como queda sentado en el texto citado de De arriba, ese eje tiene otro que es su perfecto correlato, con el que mantiene una relación de funcionalidad y necesariedad mutuas, que es el del proyecto económico y social que entronizó la dictadura bajo la conducción específica de José Alfredo Martínez de Hoz. Hasta ese momento, no hay casualidad en el antecedente, presidente del directorio de la siderúrgica Acíndar, ubicada en Villa Constitución y cuyos trabajadores habían sido brutalmente perseguidos y reprimidos un año antes tras ser caracterizados como núcleo de la “guerrilla fabril”.

Para decirlo en los términos más específicos del economista e investigador Jorge Schvarzer en su trabajo “La política económica de Martínez de Hoz” (Hyspamérica, 1986), “En ese período, José Alfredo Martínez de Hoz, desde su cargo de ministro de Economía, emprendió el más sólido, duradero y coherente intento de reestructuración global de la Nación que se haya conocido en las últimas décadas, en consonancia con los criterios y expectativas de los grupos dominantes”.

Está claro, por el año de la publicación, que Schvarzer concibió su precisa caracterización cuando sólo asistía en ese 1986 a los comienzos de lo que sería otro intento contundente de continuidad del proyecto de reestructuración global del país “en consonancia con los criterios y expectativas de los grupos dominantes” que se reveló sin disimulos con la llegada de Carlos Menem y Domingo Cavallo al poder en la década del 90.

Como está dicho, los instrumentos concretos de ese proyecto de reestructuración fueron, desde el mismo inicio, la total apertura de la economía a los productos extranjeros, el congelamiento general de salarios y la absoluta liberación del mercado financiero, con altas tasas de interés y la imposición desde el gobierno de una serie de bonos y letras –recomprados muchas veces por el propio Estado a valores más altos incluso que el nominal- que favorecieron un abrupto ingreso de la economía en la especulación y la valorización financiera del capital en detrimento de las actividades productivas. Esa política se coronó en 1977 con una nueva ley de Entidades Financieras que consolidó la especulación, concentró el mercado de capitales y monopolizó el crédito a favor de los grandes grupos económicos y borró el crédito dirigido hacia la pequeña y mediana empresa.

Paralelamente, se estableció una política cambiaria sostenida en la sobrevaluación del peso, mientras se mantenían sin combatir altísimas tasas de inflación, a través de la denominada “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz. Lo que unido a las altas tasas de interés generaron la inundación de capitales externos especulativos que producían enormes ganancias en el muy corto plazo, ganancias que no tenían límites para fugar del país inmediatamente.

La financiación de esa política, en el marco de la sobreoferta de petrodólares en el mercado internacional, se hizo a través del endeudamiento externo. La deuda, como queda dicho en la cita de De arriba, creció de algo menos de 8 mi millones de dólares en el momento del derrocamiento de Isabel a casi 45 mil en 1983, cuando la dictadura se dio en retirada tras la vergüenza de la guerra de las Islas Malvinas y asumió el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

Como lo detalla de manera exhaustiva e implacable la investigación del fallecido Alejandro Olmos sobre el proceso de endeudamiento –prohijado e impulsado por los organismos financieros internacionales como el FMI o el Banco Mundial y los principales bancos privados multinacionales- los mecanismos utilizados incluyeron falsos préstamos a favor de empresas públicas que nunca vieron un dólar, como YPF o Aguas y Energía Eléctrica, créditos efectivos a grandes grupos económicos asumidos por el Estado a través de avales del Banco Central y, finalmente, la estatización y socialización de 14 mil millones de dólares de deuda externa privada a través de los seguros de cambio financiados también por el Banco Central.  Las jugosas diferencias obtenidas por grupos, banqueros, militares, funcionarios y una élite de particulares en ese proceso engrosaron los montos de la fuga de capitales de la etapa: prácticamente se fugó un dólar por cada dólar de la deuda externa.
Los únicos créditos efectivamente utilizados por el Estado fueron los que financiaron las compras de armas y equipos con los que se sometió al terror a la población y se emprendieron las aventuras del conflicto limítrofe con Chile (1978) en el que sólo a último momento se evitó el conflicto armado por la mediación del Vaticano, y la de la guerra de Las Malvinas (1982).

Martínez de Hoz dejó el ministerio de Economía en 1981, junto con el reemplazo de Videla como presidente por el también general Roberto Eduardo Viola. Pero ni el nuevo ministro, Lorenzo Sigaut, ni los que lo sucedieron cuando los presidentes fueron Leopoldo Galtieri y finalmente Reynaldo Bignone –Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe-, modificaron sustancialmente la política económica que ya manifestaba sin veladuras sus consecuencias ruinosas para el país.

En términos de lo que significó para la industria nacional, bastará el balance del período 1976-1983 hecho por Aspiazu, Basualdo y Khavisse en “El nuevo porder económico”:


“Desde el punto de vista sectorial, la industria manufacturera fue, sin duda, una de las actividades más afectadas por la política económica implementada por el régimen militar desde el inicio mismo de su gestión de gobierno. Que el PBI industrial de 1983 sea equivalente al 90 por ciento del generado una década atrás (1973) o al 85 por ciento, si se lo contrasta con el de 1974, no constituye un fenómeno común en la historia de las sociedades. Ejemplos relativamente semejantes sólo podrían encontrarse en casos de destrucción física de los medios de producción (como consecuencia de conflictos bélicos o de grandes catástrofes naturales) o de programas económicos monetaristas como los implementados, también, en otros países del cono sur latinoamericano: Chile, Uruguay”.   

*Presidente de la CGI