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La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina,

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Por los compañeros...

Mario Derch-24-3-2017.- Si  es cierto que el núcleo central del universo de las víctimas de la última dictadura militar está constituido por activistas de base del movimiento obrero, delegados de fábrica y militantes sindicales, no es menos cierto que un número todavía impreciso pero importante de empresarios integra el listado de quienes fueron blanco del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, la mayor parte de ellos por haberse convertido en obstáculos para los negociados de los jerarcas del régimen cívico-militar.
No todos los empresarios victimizados por la dictadura sufrieron de la misma manera. Algunos de ellos, como Rafael  Perrotta -dueño y director de El Cronista Comercial y militante político- o Fernando Branca -empresario papelero y ex pareja de una amante del almirante Eduardo Massera-, pasaron directamente a integrar las listas de desaparecidos. Otros, en cambio, estuvieron en la condición de detenidos-desaparecidos, fueron rabiosamente torturados durante sus cautiverios en centros clandestinos y, una vez que se los despojó de los bienes que los jerarcas pretendían, quedaron en libertad.
 Ese fue el caso de los exportadores de algodón Federico y Miguel Gutheim, padre e hijo, obligados a negociar con firmas de Hong-Kong en situación de detención, caso por el que era juzgado el ex ministro de Economía de la Dictadura José Alfredo Martínez de Hoz cuando murió en prisión preventiva domiciliaria en 2013. También el de los hermanos santiagueños Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino, dueños de una empresa láctea pero, además, impulsores de un plan global de producción y comercio que eliminaría la intermediación y fijaría pautas más equitativas de distribución de ganancias entre empresarios y sus trabajadores. Detenidos-desaparecidos durante 22 meses en varios centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, sólo fueron liberados una vez que la familia cedió 25 mil hectáreas de tierra y todos sus demás bienes a testaferros del régimen.
Muy recordado en los últimos años, fue parecido el caso de Lydia Papaleo de Graiver, secuestrada y torturada para quitarle la empresa clave Papel Prensa, entregada a la propiedad compartida de los diarios Clarín, la Nación y la Razón.
La situación se reprodujo con el empresario y emprendedor periodístico Jacobo Timermann, con estrechas relaciones con dirigentes gremiales empresarios como los fundadores de la Confederación General Económica CGE, José Gelbard -ministro de Economía de los gobiernos de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón entre 1973 y 1974- y Julio Broner.

Estos últimos, figuras centrales en la creación de la CGE y de la construcción de un modelo de empresario con vocación industrialista, con innovación tecnológica y conciencia nacional y social, fueron perseguidos por la dictadura y arrojados al exilio y despojados de sus bienes. En el caso de Gelbard, quien falleció en Estados Unidos  en 1977, la furia dictatorial llegó al extremo de retirarle la nacionalidad argentina, la que le fue restituida luego, post mortem,  por una disposición del primer presidente de la restauración democrática, Raúl Alfonsín. Broner, exiliado en Venezuela, se salvó por muy poco de un intento de secuestro montado por un grupo de tareas de la Marina, comandado por el represor Juan Carlos Rolón, casualmente casado con una sobrina de Martínez de Hoz.
La lista es más larga y sus integrantes podían coincidir o no con la concepción que cada uno tiene sobre las características y la función social que deben tener los empresarios en la Argentina. Pero cada uno de ellos merece, este 24 de marzo, nuestro recuerdo y homenaje como Confederación General de la Industria de la República Argentina.

 Mario Derch, Presidente CGI RA.