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Ramos Padilla ventila en el Congreso la 'causa Stornelli' y el oficialismo habla de "puesta en escena"

El juez Alejo Ramos Padilla exponía este miércoles ante una comisión de la Cámara de Diputados. Foto: NA.



Ante una comisión en Diputados, el juez que investiga la presunta extorsión por parte del fiscal de la causa de los cuadernos dijo, en realidad, el caso mutó a una pesquisa por "una red de espionaje político y judicial de magnitudes". Cambiemos se ausentó de la sesión y denunció que se pretende "montar un espectáculo" con complicidad "de quiénes están verdaderamente preocupados por condenas que merecen".
El juez Alejo Ramos Padilla exponía este miércoles ante una comisión de la Cámara de Diputados. Foto: NA.
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“Estamos investigando una red de espionaje político y judicial de magnitudes”, sentenció este miércoles el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien se presentó ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para brindar detalles de la investigación que lleva adelante contra el fiscal Carlos Stornelli.
Con la ausencia de los legisladores de Cambiemos, que advirtieron que “no le harían el juego” a “una puesta en escena del kirchnerismo”, Ramos Padilla habló ante la comisión presidida por Leopoldo Moreaupor la causa en la que fue procesado con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D’Alessio.
D’Alessio está acusado de extorsión al empresario Pedro Etchebest en nombre de Stornelli, quien instruye la causa de “los cuadernos de la corrupción”, donde están involucrados la expresidenta Cristina Fernández, exfuncionarios y empresarios.
El juez detalló que el empresario Etchebest denunció el 28/01 pasado una “extorsión en curso”, y que adjuntó 14 horas de audios, videos e imágenes, formulando una querella en la que implicaba a un juez y a un fiscal en el pedido de dinero.
“Nunca creí que un fiscal de la Nación pudiera estar pidiendo dinero a quien decía públicamente que era agente de la DEA”, aclaró.
Detalló además que se dispuso inmediatamente la intervención telefónica de D’Alessio, y que “en solo 10 días de investigación” se detectaron “varios hechos que daban cuenta de la posibilidad de que esta organización cometiera varios delitos de manera simultánea y de todo tipo”.
En esas conversaciones se decía, por ejemplo, “yo no los quiero meter en cana a los chabones, yo los quiero hacer desaparecer”, a lo que D’Alessio respondía: “Yo me dedico a estas cosas, yo me dedico a esto”.
A continuación, Ramos Padilla leyó partes de las escuchas en las que quedaban expuestas las presuntas extorsiones a las que se dedicaba, y comentó que en una de esas conversaciones, Prefectura le hizo saber que “se podía haber filtrado el allanamiento” próximo a realizarse, y por ese motivo se libraron órdenes a jueces de diferentes circunscripciones.
Ramos Padilla decidió realizar el allanamiento él mismo, junto a dos secretarios y una pequeña comisión de Prefectura. “Ahí es donde cambia el objeto de la investigación 180 grados”, comentó, pues dijo haber encontrado documentación y legajos de Inteligencia; cuadernos con datos sensibles acerca de familiares y allegados de las personas que eran objetivos; y elementos de espionaje, como cámaras ocultas y drones.
El juez reprodujo ante los diputados un audio en el que se escucha a D’Alessio resistirse al allanamiento, advirtiendo que para realizarlo debían hablar primero con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; con el titular de la AFI, Gustavo Arribas; o hasta con el propio presidente Mauricio Macri.
También transmitió un audio en el que se escuchaba a D’Alessio asegurando que llevaba adelante investigaciones sobre casos de terrorismo y narcotráfico.
“A partir de ese momento, un allanamiento duró 12 horas, decidimos correr vista al fiscal, que amplió la investigación y requirió que se investigue la asociación ilícita”, informó el magistrado, que contó que a partir de entonces comenzó a discutirse el tema en los medios de prensa.
Fue en ese momento cuando la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió publicó un tuit advirtiendo que “esta investigación era una operación”, y a las pocas horas el blog del periodista Horacio Verbitsky, El Cohete a la Luna, difundió el caso.
En los días siguientes, comentó el juez, se siguió hablando en los medios de comunicación de que “esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado, cuando en realidad, desde ese momento estábamos investigando una red de espionaje político y judicial de magnitudes”.
A continuación, Ramos Padilla advirtió que “lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, no a uno solo, sino a varios, a un periodista, a un juez, es ínfimo… Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con USA, con Venezuela, con Israel y con Uruguay. Porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de varios países”.
Por eso, indicó que para darle “institucionalidad” a la causa y “avanzar en la averiguación de la verdad” pidió la intervención del procurador general de la Nación Eduardo Casal, pero no obtuvo “la respuesta esperada”.
“Estamos hablando de una organización al menos paraestatal, con vinculaciones de todo tipo”, denunció Ramos Padilla en otro tramo de su exposición, y alertó que “muchos periodistas pueden haber sido afectados en su buena fe y haber formado parte de una maniobra de espionaje ilegal de la que ellos no tenían conocimiento”.
"No es casual que D'Alessio aparezca vinculado a todas estas maniobras de espionaje, pero eso no quiere decir que aquel juez o periodista que recogió su testimonio sea parte de ese espionaje ilegal. Lo que los hace parte es el conocimiento de que formaba parte de ese espionaje o no", sentenció.
"Es clave poder distinguir entre las distintas fuentes de pruebas", dijo, y agregó: "Acá tenemos una fuente probatoria que es la que trae (el empresario Pedro) Etchebest, pero tenemos también muchísima prueba no contaminada que es aquella secuestrada en el allanamiento que nos permite verificar la actuación en profundidad de esta red de espionaje ilegal en la Argentina", afirmó.
Sostuvo que entre las carpetas de investigación se encontró una sobre Elisa Carrió bajo el nombre "Conformación de pensamiento y acciones de Elisa Carrió". Además se hallaron otras tituladas como "Capacidad de orientar contenidos de la declaración de Leonardo Fariña en aras de procesar con prisión preventiva a Ricardo Etchegaray" y "Relación de exasesores presidenciales de época K con el Puerto Quequén".
Agregó que hay elementos y contactos que vinculan a D'Alessio con la Administración para el Control de Drogas de USA (DEA), y un diagrama de campaña para un candidato en el que se afirma: "Nosotros le brindaremos un plan de entrenamiento diseñado por el Consejo de Asesores de Presidente de USA".
Además se secuestraron "informes de inteligencia que tienen el sello de la Embajada de USA", y aclaró además que se desconoce si el sello es auténtico, puesto que sostuvo que la Justicia carece de medios técnicos para analizar este tipo de pruebas como así muchas otras relacionadas a aparatos tecnológicos.
"Lo que queda en evidencia en todo caso es la utilización por parte de esta organización de ese membrete", remarcó.
La postura del oficialismo
Minutos antes de la reunión, el interbloque Cambiemos anticipó que no participará de la audiencia por tratarse de “una puesta en escena” impulsada por el kirchnerismo.
En una carta dirigida a Moreau, los diputados advirtieron que esa reunión tiene “el dudoso objetivo de informar sobre las distintas actividades de espionaje ilegales que se habrían realizado a varios periodistas, dirigentes políticos y personalidades afectando las garantías y los derechos que hacen a la tarea de prensa”.
“La convocatoria es para el día anterior en el que la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, analizará el caso D’ Alessio, como también abrirá la caja con documentación remitida por el juez Ramos Padilla”, recordaron en la nota.
Sostuvieron además que “si hay periodistas u organizaciones periodísticas preocupadas legítimamente por este tema, lo lógico sería convocarlos a ellos a nuestra comisión de Libertad de Expresión para tener su palabra y hacerles la consulta”.
Para los diputados, “el juez tiene atribuciones y procedimientos jurídicos. Por esos carriles tiene que llevar sus causas. Si pretende montar un espectáculo en el ámbito político, con la complicidad de quiénes están verdaderamente preocupados por condenas que merecen, por haber llevado adelante desde el gobierno un sistema de corrupción, no contarán con nuestra participación”.
“No nos vamos a prestar a la farsa que quieren instalar ‘los k’ cuando la comisión de Libertad de Expresión, si tiene que escuchar a alguien es a los periodistas afectados a la causa y no hacer ruido con el juez interviniente, cuando si este juez puede ser llamado mañana por la Bicameral que es la comisión con competencia para interpelarlo“, afirmó la diputada radical, Karina Banfi.
Banfi consideró que “lo que nosotros estaríamos haciendo es una interferencia en otro poder público, cuando si tenemos competencia como miembros de la comisión de escuchar y proteger a los periodistas, ver qué necesitan y cómo evitar que esto suceda”.